La violencia ejercida contra las poblaciones civiles, en gran medida, tiene origen en la búsqueda de un control del territorio, por el interés de unos pocos de dominar el acceso a los recursos naturales, además de la función estratégica que dicho territorio represente en lo militar.
Cientos de miles de colombianos perdieron la seguridad que les brindaba su entorno físico y cultural, con el que contaban antes de los intensos procesos de desplazamiento forzado. En un alto porcentaje estas poblaciones podrían retornar a sus lugares de origen, sólo contando con opciones propias de un desarrollo rural que está todavía pendiente de ser promovido y más aún consolidado.
Por su parte, el Sistema Nacional de Parques Naturales, que protege el 12 % del territorio nacional, se encuentra en su mayoría en municipios golpeados por la guerra o con un costoso aislamiento con el resto del país por la deficiente infraestructura vial. En esa medida, la viabilidad de mantener este importante patrimonio de todos los colombianos y de la humanidad en general, está condicionada por las presiones de pobladores a quienes la guerra desplaza o les limita opciones de sobrevivencia digna y por la gran dificultad de éstos para acceder a los mercados.
A pesar de esto, poco se plantea en el cumplimiento de normas como la Ley de Víctimas la exploración de vínculos con las políticas ambientales, en particular las asociadas con el manejo del paisaje, los sistemas de producción más sostenibles y la recuperación de suelos o la conservación de aguas, en forma que haga la reparación a algunas poblaciones más efectiva y les den un arraigo en el tiempo y el espacio. Aspectos culturales y sociales de alcance colectivo se desatienden, con el riesgo de abordar la reparación en forma poco efectiva o de manera en exceso centrada en lo monetario.
El gobierno actual subraya en buena hora la importancia de estructurar y emprender una concepción de desarrollo rural que involucre al campesinado más vulnerable.
Al hacerlo se abren oportunidades para abordar la solución o la atención de diversos retos sociales y ambientales que demandan políticas sólidas en su concepción, fundamento y ejecución. A través de un enfoque amplio del territorio se puede responder, por ejemplo, a la reconciliación que sólo se logrará con una satisfactoria reparación a las víctimas de la guerra. Al mismo tiempo, con iguales acciones, es posible crear condiciones favorables a la estabilización de los pobladores con una calidad de vida propicia para el cumplimiento de los objetivos de conservación. La visión intersectorial con unidad de criterio de las entidades públicas del orden nacional es requisito indispensable para este tipo de enfoque.
